Washington D.C., enero 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante los recientes actos de hostigamiento sufridos por varias radios comunitarias en Honduras. La Relatoría Especial insta al Estado hondureño a investigar estos hechos y garantizar que ni sus agentes ni particulares realicen actos de hostigamiento contra quienes ejercen su libertad de expresión a través de emisoras comunitarias.
De acuerdo con la información recibida, el 5 de enero de 2011, integrantes de Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (SEMEH) habrían ingresado a las oficinas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en la ciudad de La Esperanza. Según la información recibida, los integrantes de SEMEH habrían cortado la electricidad, dejando sin posibilidad de transmisión a las radios comunitarias Guarajambala y La Voz Lenca que forman parte de la organización COPINH. La información recibida indica que el objetivo de los representantes de SEMEH era impedir que estas radios pudieran seguir trasmitiendo, como represalia por los contenidos críticos de sus emisiones.
Adicionalmente, la Relatoría Especial recibió información según la cual dos periodistas de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande habrían sido detenidas en el ejercicio de sus funciones periodísticas el pasado 15 de diciembre de 2010. Según la información recibida, las corresponsales Elia Hernández y Elba Rubio cubrían el desalojo de tierras de una familia en la comunidad de Coyolito en la isla de Zacate Grande cuando habrían sido detenidas por miembros de la policía preventiva y la fuerza naval. La información recibida indica que las reporteras habrían sido despojadas de sus acreditaciones periodísticas y sus cámaras, detenidas e incomunicadas durante 36 horas, y acusadas del delito de desobediencia.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por estos hechos y recuerda que el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Para más información: http://www.cidh.oas.org/relatoria.
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