San Salvador, 9 ago (PL) La Corte Suprema de Justicia de El Salvador determinará el futuro del caso de nueve exmilitares acusados en España por la matanza de sacerdotes jesuitas en 1989, confirmaron fuentes del sector.
El tema concentra la atención nacional desde ayer, cuando el gobierno anunció que los oficiales en retiro se entregaron voluntariamente el domingo en la Brigada Especial de Seguridad Militar (policía militar).
En un comunicado, informó que el ministro de Defensa, general David Munguía, puso ayer a los imputados a disposición del doceavo Juez de Paz, Roberto Carlos Calderón.
Confirmó también que los acusados se entregaron cuando la Policía Nacional Civil se disponía a hacer efectiva una Difusión Roja, orden de detención de la Policía Internacional (INTERPOL) con fines de extradición a solicitud de España.
Calderón explicó que su actuación se limitó a dar por recibido el escrito del Ministro, verificar las condiciones en que se encontraban losex militares en el recinto militar, y solicitar a la INTERPOL confirmar su solicitud.
Explicó que la Corte Suprema, tras recibir su informe, deberá determinar el juez que se ocupará del asunto, para lo cual no tiene un plazo determinado, pero podría hacerlo en su sesión de hoy o en la del jueves próximo.
En un comunicado, informó que el ministro de Defensa, general David Munguía, puso ayer a los imputados a disposición del doceavo Juez de Paz, Roberto Carlos Calderón.
Confirmó también que los acusados se entregaron cuando la Policía Nacional Civil se disponía a hacer efectiva una Difusión Roja, orden de detención de la Policía Internacional (INTERPOL) con fines de extradición a solicitud de España.
Calderón explicó que su actuación se limitó a dar por recibido el escrito del Ministro, verificar las condiciones en que se encontraban losex militares en el recinto militar, y solicitar a la INTERPOL confirmar su solicitud.
Explicó que la Corte Suprema, tras recibir su informe, deberá determinar el juez que se ocupará del asunto, para lo cual no tiene un plazo determinado, pero podría hacerlo en su sesión de hoy o en la del jueves próximo.
El asesinato por tropas del ejército de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas ocurrió el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en San Salvador.
Una Comisión de la Verdad determinó en 1993 la culpabilidad en el crimen del alto mando de las fuerzas armadas y su encubrimiento por el entonces presidente, Alfredo Cristiani.
No obstante, poco después de publicado el informe, la Asamblea Legislativa de la época aprobó una ley de amnistía para los delitos cometidos durante el conflicto armado (1980-1992).
Hasta el momento la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que preside Cristiani, es el único partido que se ha pronunciado sobre el proceso a los exmilitares, el cual rechazó en duros términos.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Benjamín Cuéllar, manifestó su creencia de que la Corte Suprema no extraditará a España a los imputados en el juicio abierto en España por el juez Eloy Velasco.
Aseguró que en El Salvador "el sistema de justicia sigue dependiendo de quién es la víctima y quién es el victimario".
