Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras, fue liberada después que policías y militares la golpearon salvajemente y se la llevaron a una posta policial en Tela, Atlántida, este lunes 28 de marzo. La presión nacional e internacional logró la libertad de una mujer que tiene muchos años de lucha.
La intervención de diversas organizaciones y el acompañamiento de sus compañeros, presionó para que fuera llevada a un hospital ante la gravedad de los golpes, producto de las torturas que sufrió después de que la lanzaron al piso: allí los agentes de policía y militares la golpearon una y otra vez, además de dejarla por varias horas en la paila de la patrulla policial, a pesar que tenía lesiones a la altura de su vientre.
Ver completo...
La intervención de diversas organizaciones y el acompañamiento de sus compañeros, presionó para que fuera llevada a un hospital ante la gravedad de los golpes, producto de las torturas que sufrió después de que la lanzaron al piso: allí los agentes de policía y militares la golpearon una y otra vez, además de dejarla por varias horas en la paila de la patrulla policial, a pesar que tenía lesiones a la altura de su vientre.
Como parte de su lucha por la tierra los garífunas llevaron a cabo la protesta desde muy temprano de la mañana, para demandar respeto a sus derechos, no más altos precios a la canasta básica y solidarizarse con el gremio magisterial, a cuatro días de la Marcha de los 214 tambores que se realizará en Tegucigalpa.
Miranda fue llevada al hospital como resultado de un Habeas Corpus interpuesto por el abogado Darío García del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, que apoyó la defensa de la afectada.
La Fiscalía pretendía acusarla de sedición y aunque es una beneficiaria de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ejerció presión contra ella al mantenerla custodiada por militares y policías. Sus compañeros denunciaron que temían se produjera un nuevo ataque contra su integridad física, al final la presión de miles de personas en Honduras y fuera de las fronteras, logró que el Ministerio Público desistiera de otra ilegalidad más contra personas que se manifiestan en forma pacífica.
La identificación y detención de los líderes y lideresas de las organizaciones sociales se considera un plan por parte de las actuales autoridades, las que de acuerdo a denuncias, estarían a la “caza” de quienes defienden derechos humanos en el país. En el caso de Miranda, uno de sus agresores manifestó que ella ya estaba identificada como dirigente de su comunidad, además de sostener que mientras vayan cayendo “los grandes” se arreglará el problema en Honduras.
Datos tomados de defensoresenlinea.com
